Domingo, 24 de Enero del 2021

Desde  la Asociación Galega de Guardas Particulares De Campo estamos haciendo una recogida de firmas para que en el sector que trabajamos no quede en el olvido como está pasando.

Desde hace tiempo, como muchos compañeros sabréis, que la Conselleria de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia diriguido por la conselleira Beatriz Mato Otero y la directora Ana Maria Diaz Lopez, nos tiene en el olvido, no tramitando las denuncias que muchos compañeros están poniendo en sus labores diarias de su trabajo, para hacer cumplir las leyes que están en vigor.

Desde la  Conselleria de Medio Ambiente, no reconocen nuestra profesión, y poco a poco, están acabando, hasta extinguir nuestro trabajo diario, y muchos de nosotros acabaremos en la calle.

Desde esta Asociación os pedimos que descarguéis estas dos hojas, que hacemos públicas, de recogida de firmas, para que consigamos entre los diversos sectores de pesca y caza, todo el apoyo necesario para nosotros podamos presionar a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Federación de Caza y conseguir que nos tomen en serio y hagan cumplir las leyes y tramiten nuestras denuncias, y que nuestra figura no quede en el olvido.

Una vez que tengáis las hojas cubiertas y firmadas, os pedimos que nos las remitáis a esta Asociación para así presentarlas en los diversos órganos en señal  de protesta del sector.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.

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Agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol y del Seprona de Pontedeume, requisaron cerca de 700 kilos de almeja babosa en un control de comercialización realizado el jueves en la autopista AP-9 a la altura de Guísamo. El producto se encontraba en el interior de dos furgonetas isotérmicas de menos de 3.500 kilos inspeccionadas por los agentes en el marco de un operativo de control de comercialización y transporte en los puertos y carreteras . Los más de 680 kilos requisados no tenían la talla reglamentaria y su precio estimado en el mercado es de 8.700 euros.

Este operativo, en el que los agentes inspeccionaron 19 vehículos, se suma a los de control de las playas para frenar el furtivismo y que desarrollan conjuntamente los efectivos de la Xunta y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

AVISO IMPORTANTE:

 

El ejercicio de tiro obligatorio 2017 para la provincia de La Coruña en la galería de tiro de Rañobre en Arteixo, será el día 09 de marzo en horario de 09:00 horas asta 13:00 horas. Así nos lo ha comunicado Intervención de Armas de La Coruña.

 

 

La Unión General de Trabajadores (UGT) anunció el inicio del procedimiento para establecer coeficientes reductores que rebajen la edad de jubilación para el colectivo profesional de vigilantes de seguridad, guardias rurales (con sus especialidades) y escoltas, todos ellos encuadrados en el Sindicato de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT).

 

Así, se pidió la implicación en este proyecto a las patronales del sector y al Ministerio del Interior. 

Desde el sector de Limpieza y Seguridad de la FeSMC-UGT se considera que “es hora de valorar el trabajo de este colectivo, ya que cada día y en mayor medida estos trabajadores vienen asumiendo funciones que en el pasado eran exclusivas de la seguridad pública: vigilancia de aeropuertos, puertos, transporte ferroviario, estaciones de metro, espectáculos públicos, recintos carcelarios, etc”. 

Además, según firmaron desde el sindicato, “en la actualidad se comparten funciones con agentes de la seguridad pública, trabajadores que tienen reconocidos el pase a una segunda actividad al llegar a una determinada edad”.

Asimismo, otro factor que UGT tiene en cuenta es el envejecimiento de las plantillas.

Juan Ignacio Zoido, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, explicó las próximas líneas de gestión del ministerio que preside, entre las que se encuentra el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada.

 

La aprobación del nuevo Reglamento de Seguridad Privada será una de las prioridades del Ministerio del Interior para esta legislatura. Si bien la norma no ha salido adelante dos años y ocho meses después de que se aprobara la Ley de Seguridad Privada, el ministro Juan Ignacio Zoido lo considera “imprescindible para la efectividad de las novedades que ha incorporado la citada ley”. Así lo afirmó durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 21 de diciembre, donde explicó las que serán sus líneas de gestión para los próximos años.

Zoido considera que el reglamento “debe ser abordado” para un sector que “en 2015 facturó 3.481 millones de euros, que da trabajo a 100.000 personas, que es puntero y reconocido tecnológicamente a nivel mundial y que es necesario para el correcto desempeño de los grandes sectores económicos de este país”.

La aprobación del reglamento se enmarca en una serie de reformas regales que impulsará el Ministerio del Interior, entre las que se incluye la posible modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Zoido afirmó que esa norma “se puede mejorar”, pero descartó su derogación porque generaría “un vacío normativo de imprevisibles efectos”.

Entre las modificaciones normativas que están en la agenda del ministro se encuentran asimismo la actualización de la Ley Orgánica general Penitenciaria o la trasposición de dos directivas europeas al ordenamiento jurídico español: la relativa a la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros y la de protección de las personas física en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes.

Ciberseguridad

Zoido también contempla entre los objetivos de su gabinete realizar esfuerzos en dos materias que relaciona directamente, como son la protección de las infraestructuras críticas y la ciberseguridad. Sobre esta última, afirmó que su ministerio trabajará “para ser líderes en esta materia” y se propuso incrementar las capacidades de España en este capítulo. Asimismo, se comprometió a culminar en esta legislatura el Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y a potenciar “las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas”.

En torno a la seguridad en la Red, otro de los anuncios del ministro es la puesta en marcha de una Mesa para un Internet seguro. “Trabajaremos junto a los principales actores de la industria de Internet en el desarrollo de políticas que redunden en beneficio de la seguridad ciudadana y de la cercanía de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al nuevo día a día de nuestros ciudadanos”.

Terrorismo

La lucha contra el terrorismo yihadista es una de las prioridades sobre las que puso el acento Zoido. Como recordó, desde los atentados del 11-M España ha realizado más de 200 operaciones que han permitido la detención de 732 personas relacionadas con el terrorismo yihadista. Desde entonces, apuntó, el país ha avanzado en la adecuación de las unidades de investigación antiterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) a esta amenaza. Sin embargo, el ministro considera necesario abordar también “la adecuación del resto de unidades”, llevando a cabo para ello “un profundo análisis de las técnicas y procedimientos de actuación de este nuevo terrorismo y, en función de ello, establecer un nuevo marco de actuación con nuevos métodos de prevención, protección y respuesta”.

Para Zoido, la colaboración internacional es igualmente “indispensable”, especialmente con los socios europeos de España y dentro del Foro Global contra el Terrorismo o la coalición contra el Daesh. Aseguró que Interior va a apoyar “con especial interés” iniciativas como los trabajos del Centro Europeo contra el Terrorismo de Europol, la puesta en marcha de la Directiva sobre registro de pasajeros, la armonización de los niveles de alerta en la Unión Europea, la aprobación de una nueva Directiva sobre el control y adquisición de armas, el aumento de intercambio de datos e información, así como la lucha contra la financiación del terrorismo.

En el plano político, el responsable de Interior se comprometió a trabajar para que los partidos que aún no se han sumado al Pacto Antiyihadista lo hagan.

Crimen organizado

El crimen organizado es otra de las líneas estratégicas de Interior para la legislatura. Según explicó Zoido, hasta en 250 ocasiones se han detectado coincidencias entre personas vinculadas al tráfico de drogas y blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista. De ahí que España creara hace dos años el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para lucha coordinada contra ambas amenazas.

En su comparecencia, el ministro se comprometió a dotar a dicho centro “de los recursos humanos y las capacidades de gestión necesarias” y anunció la elaboración de una nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia grave, “en línea con la renovación de la estrategia europea que se llevará a cabo en 2017”.

Por otro lado, el Ministerio del Interior creará un Portal Estadístico de Criminalidad, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que recogerá información estadísticas sobre el tema. De ese modo, “dará respuesta a la mayor parte de las peticiones de datos procedentes del Portal de la Transparencia, de los medios de comunicación, de las universidades y de particulares”, explicó el político.

Seguridad para las personas

Dentro de lo que denominó “políticas de seguridad para las personas” –donde enmarcó la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas–, Zoido aseguró que el ministerio que dirige “continuará priorizando” la seguridad en los destinos turísticos, combatirá las sustracciones en las explotaciones agrícolas y ganaderas a través de los equipos ROCA de la Guardia Civil, protegerá a los grupos de población más vulnerables, perseguirá la trata de seres humanos y mejorará las condiciones laborales de los funcionarios públicos.

También anunció la creación de una oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, “que tutele y estimule la aplicación del protocolo de actuación, sirva de enlace permanente a los colectivos de víctimas con el Ejecutivo y las FCS, y coordine la formación de éstas últimas en esa materia”.

Asimismo, anticipó la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos que tendrá como objetivo el control y la gestión operativa de la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados. Como añadido “debería incrementar la relación entre la Administración, las ONG, las FCS y los familiares de los desaparecidos”.

Otras líneas

Dentro de las líneas de gestión se encuentra también la migración y la llegada de refugiados. En el primer caso, el ministro apuesta por “una inmigración legal y ordenada” y continuará llevando a cabo políticas basadas en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, la prevención en origen, el control de fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de personas y el retorno.

Planteo además la necesidad de mejorar la concepción, funcionalidad y objetivos de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES). Al respecto, el ministerio impulsará un grupo de trabajo que determine el modelo idóneo de estos centros.

En cuanto a los refugiados, Zoido anunció que el Gobierno abordará “en los próximos consejos de ministros” el Plan Nacional de Reasentamiento que debe ejecutarse en 2017. “Con él se dará cumplimiento en su totalidad al cupo asignado a España en reubicación”, afirmó. Sobre este tema también pidió “un esfuerzo de consenso” para la elaboración y aprobación del Reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Por otro lado, el Ministerio del Interior continuará combatiendo la violencia de género, que para su responsable requiere un pacto de Estado. No obstante, la institución trabajará en la mejora del sistema VioGén, que “se fundamenta en el análisis de riesgo de manera continua e individualizada, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer y sus hijos menores de edad”. A su vez, fomentará la sensibilización y educación sobre este problema entre los jóvenes.

Sobre las víctimas del terrorismo, Zoido explicó que el ministerio trabajará en mejoras normativas, potenciará el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, creará la sede del Centro Memorial para las Víctimas del Yihadismo en Madrid, financiará y apoyará un proyecto de investigación de la historia del terrorismo del País Vasco, desarrollará un proyecto educativo y de sensibilización sobre el tema y elaborará un plan de actuación internacional para la difusión del daño causado por el terrorismo en España.

El ministro también mencionó la seguridad vial como una de las prioridades de su gabinete –cuyas líneas maestras se explicarán en la comisión específica sobre la materia en el Congreso–, así como la lucha contra la corrupción. Juan Ignacio Zoido, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, explicó las próximas líneas de gestión del ministerio que preside, entre las que se encuentra el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada.

 

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) falló en febrero 1993 que los Agentes Rurales, "cuando estén en acto de servicio, llevarán obligatoriamente el arma que corresponda", y resolvió así un conflicto de competencias vinculado con el reglamento de este cuerpo y denunciado por el Gobierno.

El asesinato a tiros de dos agentes el pasado sábado en Aspa (Lleida) a manos de un cazador ha vuelto a poner sobre la mesa la histórica reivindicación de este Cuerpo de disponer de armas para los servicios que lo necesiten, ya que las víctimas no tuvieron posibilidad de defensa.

La Asociación Profesional de Agentes Rurales de Cataluña (Asparc) ha recordado hoy la existencia de esta sentencia, y ha pedido a la conselleria y al presidente catalán, Carles Puigdemont, que se implique en las mejoras en seguridad, organización y medios en general que necesita este cuerpo. 

En el artículo 11 del Decreto 252/1988, por el que se aprobaba el primer Reglamento del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR), la Generalitat dispuso que "los miembros del CAR en el ejercicio de sus funciones tienen carácter de agentes de la autoridad. Cuando estén en acto de servicio llevarán obligatoriamente el arma que corresponda".

El Gobierno consideró que se estaba creando una nueva policía, además de los Mossos d'Esquadra, y por ello argumentó que la Comunidad Autónoma tenía competencias para crear su propia policía, pero como lo había hecho mediante las leyes del Parlament 19/1983 y 9/1986, no cabía "admitir la creación de otras nuevas, ni olvidar la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública".

La Generalitat argumentó que el Decreto únicamente imponía un mandato obligatorio a los agentes, estableciendo que "deberán llevar el arma que corresponda sin poder escoger entre portarla o no" en los servicios que tiene encomendados, muy claramente definidos en el ámbito del control de la caza y pesca, aprovechamiento de montes y espacios naturales protegidos.

El TC falló a favor del gobierno catalán y concluyó que "en acto de servicio, llevarán obligatoriamente el arma que corresponda", y añadió además que "no había invadido ninguna competencia".

Para ello, argumentó que la Generalitat había dejado claro que, en cuanto al armamento, el CAR "se rige por la normativa vigente en la materia", normativa que "no es otra que la establecida por el Estado, que es al que corresponde en exclusiva la decisión última sobre la tenencia y el uso de armas".

Desde su creación, en 1986, ha habido diversos borradores de reglamento de uso de armas del Cuerpo de Agentes Rurales, pero ninguno se ha tramitado ni ha visto la luz.

En 2003, la ley que actualizó las funciones de este Cuerpo, que fue traspasado a las autonomías en 1983 bajo el nombre de Guardería Forestal del Estado, estableció que los agentes "tienen derecho" a llevar armas para desempeñar las funciones que lo requieran, funciones que deben fijarse en un reglamento, que todavía no existe. EFE

 

Desde la Asociación Gallega de Guardas Particulares de Campo, queremos informar a todos los socios que vayan a hacer el ejercicio de tiro obligatorio para este año 2017, de que empiecen a solicitar la autorización de adquisición de munición en la intervención de armas de la Guardia Civil, ya que últimamente están tardando tiempo en concederlo, y para evitar lo que nos estuvo pasando estos últimos años.

De momento aun no tenemos fecha de dicho ejercicio de tiro obligatorio, pero tan pronto la tengamos, la haremos pública.

Estimado compañero:                

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 y siguientes de los Estatutos de la Asociación, se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación Gallega de Guardas Particulares de Campo, a celebrar el próximo día 18  de Febrero de 2017, a las 11:30 horas en 1ª convocatoria y a las 12:00 horas en 2ª  convocatoria, el lugar de reunión será  ( RESTAURANTE O CASTRO, Frente a finsa –Nacional 550 km56, Santiago) (A CORUÑA), con el siguiente

ORDEN del DÍA

 

  1. Lectura del Acta anterior y su aprobación si procede.

  1. Estado de cuentas.

 

  1. Informe de gestión do ejercicio 2016.

 

  1. Previsión de actividades 2017

 

  1. Propuesta de conceder varias menciones a varias personas, y entrega de dichas menciones a personas que ya se había acordado entregar en la asamblea general 2016.

 

  1. Renovación y relevo da Xunta  directiva.

 

  1. Posible  modificacion da cuota anual de socios.

 

  1. Ruegos y preguntas.  

 

Al terminar la reunión se celebrara una comida para hacer entrega de dichas menciones ya aprobadas el año pasado y despedida de un compañero que se jubila.

A esta comida pode asistir tolalas personas que quieran, teniendo fecha limite de confirmación de asistencia el 30 de enero. El precio de la comida serán 20 Euros. Abra un regalo a todos los asistentes.

 Nos gustaría contar con tu presencia

Fdo.

Directiva de  A.G.G.P.C.

A Coruña, 16 de enero de 2017

 

 

 

 

Asociación Gallega de Guardas Particulares de Campo con CIF G-15.682.263 y creada el  02-01-1999

Contactos: C/ Travesía de Arteixo 347 3º-G  Cp. 15.142  ARTEIXO (A CORUÑA)

Telf. 659 58 34 35   E-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  gpc.mang@ gmail.com   -    www.guarderiogalego.es

 

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha interpuesto una denuncia ante la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales contra doce sociedades y agrupaciones de cazadores por incumplimiento del pliego de condiciones de adjudicación de sus respectivos cotos regionales de caza y contratar menos guardas de los que obliga la ley, en concreto, al menos, uno por cada 8.000 hectáreas.. Avispa indica que estas sociedades no están acatando la legislación, «lo que puede implicar la suspensión de la actividad cinegética, la caducidad de la concesión e, incluso, la anulación de los permisos regionales que les pueden corresponder en las reservas regionales de caza».

Las sociedades de cazadores denunciadas son: la sociedad de cazadores de Navia, El tejón (Pesoz), la de Carreño, Vanatoria (Tineo), El Halcón (Boal), la de Grado, El Narcea (Cangas de Narcea), El Rebecu (Aller), El Viso (salas) y la de Monte Cayón (Piloña). Asimismo, también han sido denunciadas la agrupación deportiva de cazadores de Ibias y la sociedad de caza y pesca Santalla (Santa Eulalia de Oscos).

Avispa ha realizado un detallado informa, reserva a reserva. Así, hay detectado que hay algunas sociedad que no tienen ni a un solo guarda en plantilla. La situación es grave en todas las reservas pero especialmente aquellas que abarcan un gran territorio y que tendrían que tener, como mínimo, a seis, como es el caso de El Rebeco, en Aller, o El Narcea, en Cangas. Otros, como La Venatoria, de Tineo, cuentan con menos de la mitad de lo exigido (tres de ocho). Del mismo modo, han encontrado situaciones como rocambolescas, como que el guarda de Carreño trabaja de cajero en una gran superficie comercial de lunes a sábado.  La asociación ha reclamado a la consejería que investigue todos estos casos y que tramite las correspondientes sanciones.

El portavoz de Avispa, Jorge Cuesta, recuerda que la ley obliga a que los profesionales que trabajan en los cotos trabajen todo el año y no de forma intermitente, solo en temporada, ya que también son los encargados de gestionar permisos y atender la oficina. También reclama que su jornada sea completa y no parcial, tal y como hacen en algunas zona. Ese es el caso de Navia o El Tejón, de Pesoz. Esta es una de las quejas que el colectivo mantiene desde hace meses y que, a su juicio, contribuye a la proliferación del furtivismo

 

 

 

 

 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, compareció el pasado 21 de diciembre, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas de gestión del Ministerio del Interior.

 

En su primera intervención ha tratado temas como la Política de Seguridad Nacional, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica General Penitenciaria, la violencia de género, la migración, la seguridad vial, el terrorismo y el Reglamento de Seguridad Privada entre otros temas.

Respecto a este último,  Zoido resaltó que “el nuevo Reglamento de Seguridad Privada resulta imprescindible para la efectividad de las novedades que ha incorporado la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, y que tuvo una excelente acogida dentro de este importante sector”. También destacó durante su intervención la importancia de este mercado para el conjunto de la sociedad: “este sector facturó, en 2015, 3.481 millones de euros, da trabajo a 100.000 personas, es puntero y reconocido tecnológicamente a nivel mundial, así como es necesario para el correcto desempeño de los grandes sectores económicos de este país, como son el comercio, la banca o los transportes”.

Otra de las líneas de actuación que también indicó fue la actualización de la Ley Orgánica General Penitenciaria y crear un Reglamento Penitenciario nuevo, pues el actual data de 1981.

Respecto a Ley de Seguridad Ciudadana aseguró que “se puede mejorar”, aunque  manifestó que “es una ley fundamental pues conjuga ese binomio seguridad libertad” y explicó que “su derogación generaría un vacío, ya que no se podría sustituir por la que había antes”.

Además, quiso aprovechar su intervención para aclarar que cuando se menciona la norma sobre  protección de seguridad ciudadana “se habla de una ley que: es garantista con los derechos y libertades de todos los ciudadanos, asegurando por ejemplo, a pesar de lo que se ha dicho, el ejercicio del derecho de manifestación y también el de los que no se quieren manifestar; que responde a una demanda de amplios sectores de la sociedad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; que adecuándose a los tiempos actuales, ha mejorado la anterior ley de 1992, ya obsoleta; que ha recogido delitos destipificados con la reforma del código penal; que quedarían sin sanción si no existiera esta Ley; y que ha sido tremendamente eficaz para el bienestar de los ciudadanos”, abogó.

Asimismo, respecto al campo de seguridad de la información mencionó que “van a poner en marcha una Mesa para un Internet seguro, a semejanza del Foro Unión Europea-Internet, donde trabajaran junto a los principales actores de la industria de Internet en el desarrollo de políticas que redunden en beneficio de la seguridad ciudadana y de la cercanía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el día a día de los ciudadanos”.

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